Con el objeto de facilitar la investigación de delitos, el parlamento español aprobó el pasado año la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de telecomunicaciones. En virtud de dicha ley, determinadas operadoras deben retener durante 12 meses determinados datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas, a fin de estar en disposición de entregarlos a requerimiento de los Juzgados y Tribunales.

Los destinatarios de la ley, según su artículo 2, son los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones, en los términos definidos por la Ley General de Telecomunicaciones.

Están obligadas, en consecuencia, las operadoras de telecomunicaciones que prestan servicios de acceso a Internet que radiquen en España, pero es más complicado exigir su cumplimiento a las compañías que únicamente ofrecen servicios de correo electrónico, tales como Yahoo!, Gmail o Hotmail, máxime si operan desde compañías situadas fuera de España o la Unión Europea. En cualquier caso, lo cierto es que tanto Yahoo!, como Google y Microsoft han aportado información a los agentes investigadores de buen número de procedimientos judiciales, si bien hay que destacar que en algunos casos la colaboración no ha brillado por su especial celeridad.

Cuanta mayor sea la rapidez en la presentación de denuncia, mayores posibilidades existirán de que las indicadas compañías conserven los datos que permitan dar con el responsable de la amenaza, y mayores las posibilidades de encontrar documentación en el ordenador de las personas que puedan ser detenidas. Al igual que ocurre en el mundo físico, también en el mundo digital el tiempo acaba por borrar todas las huellas.